Informe ISEV
En 2015, en la provincia de Buenos Aires, casi dos de cada diez vehículos verificados (17,8 %) evidenciaron defectos graves (por lo menos en alguno de los sistemas de seguridad) que los inhabilitaban para circular por el alto riesgo objetivo que presentaban.
Esta estadística es subrayada por el Instituto de Seguridad y Educación (ISEV) como argumento de apoyo a la implementación en la Ciudad de Buenos Aires de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Esta herramienta es una de las “defensas” que posee una sociedad para garantizar desde el Estado un mínimo de seguridad en la circulación terrestre.
Ya es inminente la implementación del Instituto de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria en uno de los principales parques de automotores de Latinoamérica, como lo es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Frente a esta decisión, según el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), surgen expresiones de políticos en cargos ejecutivos o legislativos (particularmente en el ámbito de la Pcia. de Bs.As.) que, evidentemente desconocen o pretenden desconocer los beneficios de la implementación de esta verdadera defensa social en una materia que constituye la principal causa de muerte y lesiones no natural de nuestra sociedad: el siniestro vial.
El informe concluye especialmente que:
El planteo de algunos políticos, en cargos ejecutivos o legislativos, en los últimos días, de “suspender” el control de la VTV por causa del deterioro de la infraestructura es además de absurdo, totalmente contrario a la seguridad vial, al considerar precisamente que, cuando se encuentra muy deteriorada acelera el deterioro de los vehículos y hace que algunos de sus sistemas (como ejes y suspensión, dirección o frenos) puedan aumentar la probabilidad de un siniestro. A las fallas de uno de los componentes de la trilogía vial (infraestructura) le sumaríamos el descontrol de otro, el vehículo.
Quien aporta el riesgo (vehículo) en ejercicio de un beneficio personal (conducir un automotor) debe circular con la responsabilidad de conocer el buen estado de su automotor y, lo que es más importante, con la tranquilidad de que quienes comparten la vía pública poseen la misma responsabilidad que él. Esto último sólo puede garantizarlo el Estado, a través del control.
La objeción económica al costo actual del trámite de VTV, no posee racionalidad alguna dado que equivale al costo de menos de un tanque lleno de combustible por año y, menos aún, frente a la relación costo/beneficio en el Costo Social Directo de la Siniestralidad Vial Argentina equivalente a valores de entre 1.5 y 2 puntos del PBI.
El informe completo de ISEV define la verdadera función y dimensión del instituto, su carácter de “defensa social” y su impacto en materia de Seguridad Vial.
