El Foro de Convergencia Empresarial -del que es miembro el Comité Asegurador Argentino- se pronunció en favor de que el Estado, en todos sus niveles, tienda a sostener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas.
En su documento subrayó la necesidad de desechar los impuestos distorsivo y reclamó una baja de la carga fiscal, particularmente de Ingresos Brutos, dentro de lo convenido entre Nación y provincias en el marco del Consenso Fiscal.
Del encuentro participó el presidente de la ACCS, Roberto Sollitto.
Transcribimos el documento completo:
Durante muchos años el Estado argentino, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, ha incurrido en gastos que superan largamente los ingresos genuinos provenientes de la recaudación de impuestos., a pesar de un aumento récord de la presión tributaria sobre toda la sociedad argentina. Este exceso de gastos sobre ingresos fue financiado con endeudamiento y, por último, cuando los mercados dejaron de financiarnos, con inflación a través de la emisión monetaria.
Esta realidad es la causa de las altas tasas de inflación, de la falta de inversión privada que no posibilita la creación de empleo genuino y del estancamiento de la economía argentina en comparación con otros mercados emergentes.
Es imprescindible que la sociedad argentina en su totalidad (políticos, empresarios, sindicalistas, miembros de ONG y el público en general) comprendamos que esta situación es insostenible y que deben tomarse las medidas necesarias para solucionarla.
El Foro de Convergencia Empresarial observa con mucha preocupación la discusión sobre la postergación del Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017 entre el Gobierno Nacional y los representantes de 22 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
En dicho Consenso Fiscal y sus pactos complementarios, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires asumieron múltiples compromisos vinculados con el impuesto a los Ingresos Brutos, para alivianar la carga tributaria de los contribuyentes.
También se escuchan propuestas para interrumpir la baja de las retenciones a la producción agropecuaria y de aumentar los impuestos a la producción minera.
La necesidad de reducir el déficit fiscal generado por un Estado que, aún sobredimensionado, no logra brindar servicios públicos de calidad como educación, salud, seguridad y justicia, no debe producirse mediante el mantenimiento de impuestos distorsivos que dificultan la capacidad del país de crecer y generar empleo.
También es preocupante la aparición de propuestas de distintos actores de la política y la economía sobre criterios alternativos para la actualización de tarifas de servicios públicos, bonos de emergencia, préstamos a tasa subsidiada y otros, cuyo efecto es el aumento del déficit fiscal sin ninguna propuesta de cómo financiarlo.
Los mensajes que se están enviando a la sociedad con estas iniciativas indican que no hay voluntad política para hacer el necesario ajuste de las cuentas públicas, haciendo recaer nuevamente el mismo en empresas y trabajadores, profundizando así la gravedad de la situación. Muchas de estas propuestas se fundamentan en la atenuación de la pobreza, ignorando que, si no se corrigen los desequilibrios globales, la situación de pobreza no sólo no va a disminuir, sino que se agravará.
Asimismo, dichas señales políticas son sumamente negativas para el proceso de inversión necesario para la creación de empleos y sus efectos se notan claramente en los mercados financieros, aumentando el costo de financiamiento de la nación, provincias y las empresas argentinas.
Por estos motivos, el Foro de Convergencia Empresarial hace nuevamente un llamado a los miembros de todos los partidos políticos con responsabilidades de Gobierno y participación en el Congreso Nacional para que acuerden políticas destinadas a equilibrar las cuentas públicas reduciendo el gasto público y combatiendo a la economía informal, pero manteniendo el objetivo de reducir los impuestos en cascada por las crecientes distorsiones que generan y de armonizar estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones con el fin de promover la inversión, el crecimiento económico y, sobre todo, la generación de empleo genuino.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2018
