En Argentina, sufrir un accidente vial no solo deja secuelas físicas o emocionales. Para muchos, el verdadero calvario comienza después, con juicios civiles que pueden tardar más de cinco años en resolverse.
Según la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS), un juicio por daños derivados de un siniestro vial demora, en promedio, 66 meses en llegar a una sentencia firme. Hay causas que superan los seis años. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando la indemnización que les corresponde por derecho.
«Es una injusticia profunda. Nadie que ya sufrió un daño debería ser revictimizado por un sistema lento e ineficiente», afirma Gustavo Trías, presidente de la AACS.
Peor aún: solo el 40% del dinero pagado en juicio llega a la víctima. El resto se destina al pago de costos judiciales como ser, honorarios de peritos, honorarios de abogados, pacto de cuota Litis, mediadores y tasa de justicia.
Castigo al inocente
Lo paradójico es que solo el 1,6% de los siniestros llega a juicio, y apenas el 5% pasa por mediación. Es decir, aunque se litiga poco, el sistema está colapsado. Las demoras y los costos excesivos afectan directamente a las víctimas y, de forma indirecta, a todos los asegurados, ya que encarecen el precio del seguro.
«Hay quienes especulan con la duración del proceso con el fin de obtener un incremento abusivo de los costos o dilatar irrazonablemente los pagos. Eso perjudica al sistema y a los damnificados», advierte Trías.
«Además, donde históricamente tuvimos alta inflación, los intereses y actualizaciones judiciales aplicados sobre montos demorados distorsionan los resultados y desincentivan soluciones justas y rápidas», agrega.
Juicio abreviado
Ante este escenario, la AACS impulsa la creación del Juicio Abreviado: un procedimiento judicial opcional, ágil y centrado en lo esencial. Si no hay controversia sobre la responsabilidad, se evita perder tiempo en formalidades y se discute solo el daño y la indemnización.
Objetivos del Juicio Abreviado:
Resolver el conflicto en menos de 180 días.
Reducir los costos procesales y administrativos.
Evitar el desgaste emocional y económico de las víctimas.
Mejorar el acceso a la justicia sin recortar derechos.
El proyecto busca presentarse al Congreso con apoyo de múltiples sectores. «La justicia debe estar del lado de quienes sufren, no de la burocracia. Esta reforma puede ser una mejora concreta para millones de personas», cierra Trías.
El Cronista - 7 de Julio de 2025
